La reforma de la Ley de riesgos laborales debe reforzar la protección a las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas

Hemos reclamado al Gobierno que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales refuerce la protección de las enfermeras y fisioterapeutas que se encuentran embarazadas o en situación de lactancia y que se exponen, a diario, a numerosas situaciones que ponen en riesgo su salud y la de sus hijos/as.

El Sindicato ha presentado un escrito de alegaciones al anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que se encuentra en estos momentos en fase de consulta pública, y, entre otras, ha subrayado la necesidad de evitar entornos laborales de riesgo para las profesionales embarazadas o en situación de lactancia.

SATSE entiende que la protección de la salud de las futuras madres y de sus hijos o hijas debe ser una prioridad para las distintas administraciones públicas y empresas sanitarias privadas que tiene que garantizarse en cualquier caso y situación.

Riesgos

Al respecto, recuerda que estas profesionales sufren distintos riesgos laborales en el desempeño de su trabajo que pueden tener una especial afectación en el caso de encontrarse embarazadas.

Entre otros, existen:

• Riesgos ambientales (radiaciones ionizantes y no ionizantes, vibraciones, temperaturas extremas, ruido…).
• Riesgos ergonómicos (manipulación manual de cargas, sedestación, flexiones del tronco…).
• Agentes químicos (manipulación de sustancias y medicamentos peligrosos).
• Riesgos biológicos (rubeola, sarampión, varicela zóster, toxoplasmas…).
• Riesgos psicosociales (agentes estresores, trabajo en aislamiento, agresiones…).

Problemas

Ante esta realidad, SATSE ha constatado que no es anormal que, en ocasiones, enfermeras y fisioterapeutas embarazadas, lactantes o que ponen en riesgo su fertilidad se encuentren con distintos problemas en sus respectivos centros de trabajo, como las dificultades de ver concedido un permiso por riesgo durante estas situaciones o que su tramitación y concesión se dilate indebidamente en el tiempo.

Además de poder demorarse “en exceso”, la concesión de este permiso por riesgo sufre una variabilidad significativa según el servicio de salud y unidad donde se trabaja (UCIs, Urgencias, etc.), y también se dan situaciones en que el tratamiento es diferente según el centro sanitario en el que se trabaje, aunque dependa, incluso, del mismo servicio de salud.  

Otro problema es que a los servicios de salud les resulta complicado catalogar puestos de trabajo establecidos y regulados específicamente para que puedan ser desempeñados por las trabajadoras embarazadas durante los meses de gestación, señala el Sindicato.

Además, en algunas comunidades autónomas no existen protocolos de adaptación, si es que ésta es posible, y en las que sí hay estos acuerdos, SATSE remarca que no se aplican de manera homogénea en todos los centros sanitarios del servicio de salud, dependiendo su realización y puesta en marcha. de la Gerencia correspondiente.

Alternativas

SATSE insiste en que aquellos casos en los que el resultado de la evaluación del Servicio de Prevención revele un riesgo para la seguridad y la salud de la profesional o una posible repercusión sobre el embarazo, la lactancia e, incluso, la fertilidad,  las actuaciones que se deberían desarrollar son la adaptación de las condiciones o tiempo de trabajo, o el desempeño de un puesto de trabajo o función diferente compatible con los estados antes indicados (cambio de servicio/unidad) si el supuesto anterior no se puede llevar a cabo. 

“Existe, por supuesto, la posibilidad de suspensión del contrato por riesgo, que es algo que normalmente acaba ocurriendo al no tener desarrollada las administraciones y empresas sanitarias esta cultura de catalogación de puestos por riesgo y derecho a la adaptación de las personas trabajadoras”, agrega. 

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería seguirá reclamando en las mesas y ámbitos de negociación que se garanticen los derechos de estas profesionales y denunciará cualquier situación que no garantice o dificulte el cumplimiento de su derecho a trabajar en condiciones laborales seguras.