La negociación mantenida con Sanidad ha posibilitado la inclusión de un decálogo de actuaciones y medidas en el Estatuto Marco para proteger a las/os profesionales de la sanidad pública ante la creciente escalada de agresiones verbales y físicas y de situaciones de violencia por razón de género o de carácter sexual.

El último informe del Ministerio de Sanidad concluye que tres de cada diez agresiones denunciadas son de enfermeras, mientras que ocho de cada diez han sido sufridas por mujeres.

La violencia en el ámbito sanitario es una realidad que no entiende de territorios, sino que es un “problema de Estado” que debe afrontarse y abordarse desde la unión y el dialogo entre administraciones públicas y partidos políticos.

Ante el repunte de violencia este enero, el sindicato reclama un plan contra las agresiones en todos los servicios de salud.

A falta del informe oficial, solo hace falta ver las noticias para saber que 2025 fue un “año nefasto” por el número y gravedad de los casos registrados en todos los servicios de salud.

Hospitales y centros de salud de varias regiones registran al menos seis episodios violentos en menos de dos semanas.

El sector reclama protección real, tolerancia cero y reformas inmediatas ante el deterioro de las condiciones laborales y de su seguridad.

SATSE exige a administraciones públicas y empresas sanitarias privadas que garanticen que se conocen y cumplen los protocolos existentes para prevenir, atender y apoyar a cualquier persona víctima de acoso sexual o por razón de sexo.