La violencia contra enfermeras y profesionales sanitarios se dispara en España, una crisis que exige medidas urgentes

La violencia contra quienes cuidan de nuestra salud ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una tendencia preocupante y persistente en los centros sanitarios españoles. En los últimos meses se han sucedido varios casos que ponen de manifiesto la urgencia de implantar medidas reales y eficaces para proteger a un colectivo que ya sufre un deterioro en sus condiciones laborales y en su seguridad personal.

Un caso reciente y especialmente significativo ocurrió en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, donde una enfermera fue agredida por un paciente física y verbalmente. 

Este no ha sido un hecho aislado. En el Hospital Universitario de Puerto Real, en Cádiz, una supervisora de enfermería fue agredida físicamente por un familiar de una paciente, que huyó del centro tras el ataque. 

También en Andalucía, en el Hospital Costa del Sol de Marbella, una enfermera sufrió una patada en la cabeza por parte de un paciente en observación que comenzó a insultar, escupir y atacar físicamente a las profesionales sanitarias que le atendían. La profesional tuvo que ser atendida y se encuentra de baja laboral por las lesiones sufridas. SATSE denunció inmediatamente “la inseguridad que sufren las enfermeras en el desarrollo normal de su trabajo” e instó a incrementar la presencia de seguridad en los centros y a adoptar reformas estructurales para prevenir estos ataques. 

 

A estas últimas agresiones del mes de diciembre hay que añadirles las ocurridas el pasado mes en Málaga, donde una enfermera fue acorralada y perseguida durante una visita domiciliaria. Asimismo, en la provincia de Cádiz el Sindicato de Enfermería se concentró para denunciar la agresión a una compañera que fue insultada. Por su parte, en Sevilla, una la enfermera resultó herida tras ser atacada por una paciente con tal agresividad que llegó a arrancarle parte del cuero cabelludo. 

Un problema estructural y en aumento

Los datos oficiales confirman que estos no son casos aislados: según el Informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud 2024, que recoge las notificaciones remitidas por las comunidades autónomas, en ese año se registraron más de 17.000 agresiones a personal sanitario, lo que supuso un incremento del 16 % respecto a 2023. 

Este informe revela que la violencia no se limita a incidentes físicos, sino que la mayoría de las agresiones son de carácter verbal, con insultos, amenazas y coacciones.  Las enfermeras sugrieron un 29 % a enfermeras de estas agresiones. 

Repercusiones en la vida profesional y personal

Más allá de las cifras, las agresiones tienen un impacto profundo en la salud física y mental de las víctimas. Estudios recogidos en comparecencias oficiales reflejan que muchos profesionales sanitarios sufren consecuencias como estrés, ansiedad, insomnio o incluso depresión derivadas de la violencia que viven en su entorno laboral. 

No se trata solo de un problema de estadísticas o de hechos aislados, sino de un fenómeno que deteriora la seguridad laboral, la satisfacción profesional y la calidad asistencial en el sistema de salud. El riesgo de sufrir agresiones puede disuadir a profesionales cualificados de ejercer en el sistema público o incluso conducir a la fuga de profesionales fuera del sector o del país, agravando las ya de por sí tensas condiciones de recursos humanos en sanidad.

Medidas urgentes para frenar la violencia

SATSE ha expuesto en reiteradas ocasiones que las agresiones no pueden ser tratadas como incidentes puntuales y que urge la implementación de medidas contundentes en todo el territorio español para proteger a quienes trabajan cuidando la salud de la población. 

Entre las propuestas más destacadas que SATSE reclama están:

• Tolerancia cero ante cualquier forma de violencia en los centros sanitarios, con sanciones claras y protocolos de actuación definidos. 
• Aumento de medidas de seguridad, como la presencia de personal de seguridad formado o sistemas de alerta rápida para profesionales en riesgo. 
• Ley específica contra agresiones a sanitarios, que tipifique de forma clara y estricta estos delitos y garantice respuesta legal firme. 
• Mejoras en formación y prevención, con protocolos actualizados para detectar, actuar y denunciar agresiones tanto físicas como verbales. 

Es hora de actuar

Las agresiones a enfermeras y otros profesionales sanitarios no pueden seguir siendo una “parte del trabajo” que se dé ya por inevitable. La sociedad debe reconocer que quienes están en la primera línea del cuidado de la salud merecen trabajar en un entorno seguro, respetado y valorado. Esto implica no solo sanciones más severas para los agresores, sino también una estrategia conjunta entre administraciones, fuerzas de seguridad y gestores sanitarios para prevenir estos episodios y apoyar a las víctimas.

Proteger a la sanidad pública pasa por garantizar la seguridad de quienes la sostienen cada día. Es una cuestión urgente de derechos laborales, de salud pública y de dignidad profesional.