La sombra de las agresiones marca el inicio de 2026

El primer mes de 2026 comienza de la misma forma que acabó 2025, con una sucesión de agresiones y amenazas a profesionales de enfermería y otros sanitarios en distintos puntos de España.

En Cádiz, SATSE ha condenado la agresión por amenazas sufrida por dos enfermeras mientras realizaban una visita domiciliaria en el centro de salud de Loreto-Puntales; el sindicato calificó los hechos como una muestra clara de la “indefensión y falta de protección” de estos trabajadores y organizó una concentración de protesta para reclamar medidas efectivas de seguridad. 

En la Costa del Sol, concretamente en el ambulatorio de Estepona Oeste, un hombre con dos armas blancas llegó a encerrar a una enfermera en una consulta, aunque por fortuna la profesional no sufrió heridas físicas. El personal sanitario exigió entonces a la Junta de Andalucía un refuerzo de protocolos y seguridad en los centros de salud tras el incidente. 

La violencia no se limita al sur de España. En Burgos, un enfermero resultó agredido mientras intentaba proteger a una médica durante una asistencia domiciliaria en un pueblo de la provincia. 

Más allá de incidentes concretos, las cifras reflejan una tendencia preocupante en Canarias, donde las agresiones a profesionales de enfermería crecieron un 29,1 % en 2025, pasando de 192 a 248 casos registrados por el Servicio Canario de Salud. Las agresiones incluyen tanto episodios verbales (insultos y amenazas) como físicos, y SATSE ha cuestionado la eficacia de los actuales planes de prevención frente a esta escalada de violencia. 

Estos hechos se suman a un contexto general de incremento de las agresiones a profesionales sanitarios en España, con datos oficiales que muestran miles de incidentes en los últimos años y con enfermeras y mujeres como uno de los grupos más afectados. 

Rechazo frontal a laviolencia y exigencia de una ley específica

El Sindicato de Enfermería rechaza de manera tajante cualquier forma de violencia contra profesionales sanitarios y pide “tolerancia cero” ante estos hechos. Además de apoyar a las víctimas y convocar actos de protesta, el sindicato ha señalado repetidamente que ni las medidas actuales de prevención, ni los protocolos existentes en hospitales y centros de salud son suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

SATSE recuerda que, según encuestas y estudios, 8 de cada 10 enfermeras han sufrido en algún momento de su carrera una agresión verbal o física, y que muchas agresiones no llegan a denunciarse por diversos motivos, incluidos el miedo o la complejidad de los trámites. El sindicato sostiene que la violencia en el entorno sanitario perjudica no solo a los profesionales, sino también la calidad de la atención que reciben los pacientes. 

En respuesta a esta situación, SATSE ha promovido una propuesta de ley contra la violencia en el ámbito sanitario, que recoge más de 50 medidas para prevenir, gestionar y sancionar estos casos. Entre las iniciativas clave se encuentran: la obligación de elaborar planes de prevención en cada centro, protocolos de actuación ante agresiones, formación específica para la gestión de conflictos, creación de observatorios autonómicos sobre violencia sanitaria, instalación de sistemas de alarma en instalaciones sanitarias, y la figura de delegados de prevención contra la violencia en los comités de seguridad y salud. 

Obstáculos legislativos y el reto de una normativa estatal

Estas y otras iniciativas similares han sido propuestas pero no han prosperado en el Congreso de los Diputados. Esto ha generado frustración entre los colectivos sanitarios, que consideran que la ausencia de un marco legal claro y homogéneo contribuye a que el problema persista y se perciba cierta impunidad por parte de los agresores. 

SATSE subraya que estos episodios no pueden seguir abordándose como hechos aislados y reclama la implantación obligatoria de un plan integral contra las agresiones en todos los servicios de salud. Solo con una estrategia común y coordinada en todo el Sistema Nacional de Salud se podrá frenar la escalada de violencia y garantizar entornos de trabajo seguros para las enfermeras,fisioterapeutas y el conjunto de profesionales sanitarios.