Nueva reunión el 21 de octubre para seguir negociando el Estatuto Marco

SATSE y el resto de las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) se reunirán el próximo 21 de octubre con responsables del Ministerio de Sanidad para seguir negociando la reforma del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

La nueva reunión se produce tras la multitudinaria manifestación convocada por estas organizaciones sindicales, el pasado 1 de octubre, que congregó a más de 10.000 profesionales de la sanidad pública de nuestro país, para reclamar que la norma contemple asuntos fundamentales para mejorar sus condiciones laborales

Se trata de lograr una nueva clasificación profesional con el correspondiente reconocimiento retributivo; poder acceder a la jubilación anticipada y parcial, y la generalización de la jornada laboral de 35 horas en todas las comunidades autónoma.

Irrenunciables

Son los tres asuntos que, desde el inicio de la negociación y a lo largo de las cerca de 40 reuniones mantenidas, los sindicatos han considerado “irrenunciables” para dar su visto bueno al anteproyecto legislativo antes de que el Ministerio de Sanidad lo lleve al Consejo de Ministros.

SATSE y el resto de organizaciones han mostrado en todo momento su interés y disponibilidad de seguir negociando con el Ministerio de Sanidad hasta conseguir una nueva norma que beneficie al conjunto de profesionales de la sanidad pública de nuestro país.

Vacío de contenido

Tras la manifestación, las organizaciones participaron en el Foro Marco para el Dialogo Social, el pasado 2 de octubre, y constataron que, tras las modificaciones y recortes realizados por las comunidades autónomas, la actual redacción de la norma se había devaluado en cuestiones destacadas de su contenido 

Los sindicatos del Ámbito de Negociación, único órgano legitimado para la negociación del nuevo Estatuto Marco, también están exigiendo la participación e implicación del resto de ministerios competentes (Función Pública, Hacienda, Seguridad Social y Trabajo) para poder desbloquear determinados aspectos de la norma.

Las organizaciones confían en que el Ministerio de Sanidad no priorice intereses políticos y decida llegar el texto normativo al Consejo de Ministros sin contar con el respaldo de los legítimos representantes de los cientos de miles de profesionales de la sanidad pública afectados, los cuales constituyen el colectivo más numeroso de entre todo el empleo público de nuestro país.