Politica sanitaria

La inversión sanitaria vuelve a quedarse atrás

El gasto sanitario público en España supera los 100.000 millones de euros en 2024, pero el dato esconde una debilidad estructural que vuelve a repetirse: la inversión real en el sistema sanitario continúa perdiendo peso. Algo que no ha dejado de suceder desde 2020.
Fachada del Ministerio de Sanidad

Las cifras reveladas en la Estadística de Gasto Sanitario Público correspondiente a 2024, difundida por Sanidad, no permiten que nuestro sistema sanitario pueda acometer las soluciones a los problemas que sufre, compromete la sostenibilidad del sistema a medio plazo y agrava los problemas ya visibles, además de perder capacidad para fidelizar a su personal sanitario, especialmente las enfermeras y fisioterapeutas.

Además, hace imposible asumir las diferencias presupuestarias entre regiones que impiden acabar con las desigualdades territoriales.

Empobrecimiento del sistema

Aunque el Gobierno destaca que España alcanza un máximo histórico de financiación sanitaria, cifrado en 101.739 millones de euros, el informe revela que el esfuerzo relativo sigue reduciéndose. El gasto sanitario público pasó del 6,5% en 2023 al 6,4% del PIB en 2024.

Es decir, el crecimiento económico avanzó por encima de la inversión en sanidad, una vez más. En 2020, el gasto sanitario público representó el 7,4% del PIB; en 2021 bajó al 7,1%; en 2022, al 6,7%; en 2023, al 6,5%, y en 2024 se situó en el 6,4%. El resultado es un sistema que gasta más para sostener su funcionamiento diario, marcado por un IPC que ha encarecido el precio de todos los costes del sistema sanitario.

Salud Pública

La inversión de salud pública y prevención vuelve a ser el más sacrificado. Sigue ocupando una posición marginal dentro del conjunto del gasto sanitario pese a las lecciones extraídas de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Las partidas destinadas a inversión y renovación de infraestructuras registraron una caída de más del 20%, consolidando el retroceso iniciado tras el final de los fondos extraordinarios asociados a la pandemia.

Atención Primaria

La estadística también refleja el desequilibrio persistente entre niveles asistenciales. La atención hospitalaria concentra cerca del 63% del gasto funcional, mientras que la atención primaria mantiene un peso cercano al 14%, lejos de las recomendaciones de reforzar el primer nivel asistencial como eje del sistema público.

Exactamente, el gasto autonómico en atención primaria se cifró en 14.627 millones de euros en 2024, lo que representa el 14,4% del gasto sanitario.

El dato confirma que la atención primaria crece en términos absolutos, pero no altera de forma sustancial la distribución funcional del gasto. La asistencia hospitalaria y especializada sigue concentrando casi dos tercios del gasto autonómico, con 63.136 millones de euros y un peso del 62,1% sobre el total del sector comunidades autónomas.

Desequilibrios entre comunidades autónomas

Los desequilibrios existentes entre comunidades autónomas son insalvables si atendemos a los índices presentados por Sanidad. Andalucía destina 1.658 frente al de Euskadi que destina 2.332 euros per cápita.

De esta forma, el sistema sanitario no puede imprimir la misma calidad asistencial, y tampoco, garantizar una homogeneidad en las condiciones laborales del personal sanitario, algo que está generando un permanente trasvase de profesionales de unas comunidades a otras. De hecho, el capítulo de inversión en personal se mueve entre el 39,7% de Catalunya y el 52,7 de Euskadi.

Las principales diferencias estructurales radican, además de por prioridades políticas, en el sistema fiscal, la riqueza e ingresos públicos, y el tamaño y tipología de la población de cada territorio.

Financiación finalista

Desde SATSE subrayamos que es necesario acabar con estas grandes diferencias presupuestarias entre regiones con un modelo de financiación finalista que garantice la igualdad en la atención sanitaria, independientemente del lugar de residencia, así como permita un marco adecuado de condiciones laborales en todas las comunidades autónomas.

Entendemos que la financiación finalista es decisiva para acabar con los desequilibrios y debilidades estructurales que sufre nuestro sistema sanitario, blindar la atención sanitaria y acabar con la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, en función del territorio en el que residen.  

Esta financiación finalista debe tener en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma, como el número de habitantes o las características de su población (envejecimiento, dispersión geográfica…), a fin de eliminar diferencias injustificables en la atención sanitaria.

Aumento inversión

Exigimos además “un aumento real de la inversión sanitaria para reforzar las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas, con el fin de garantizar la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema ante futuras crisis sanitarias y de personal, que inevitablemente nos llegarán”.

También demandamos a los diferentes gobiernos que “dejen de ser cortoplacistas y hagan una apuesta sería por la salud pública, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, porque se trata del único camino para garantizar la sostenibilidad de un sistema sanitario”.

Los datos que manejamos sobre la evolución de la proporción de población mayor (el número de personas mayores de 90 años se ha duplicado en las últimas dos décadas), las tasas de cronicidad y el aumento de pacientes pluripatológicos no dejan lugar a dudas y suponen un aumento de las necesidades de cuidados y la complejidad de los mismos que el sistema sanitario público ha de asumir con garantías.