Bruselas congela 626 millones de fondos a España por la abusiva temporalidad en el personal sanitario

La Comisión Europea ha dado un revés al Gobierno español al decidir congelar un total de 626 millones de euros en ayudas procedentes del quinto tramo del Plan de Recuperación y Resiliencia. La razón principal de esta drástica medida es la persistente contratación temporal de empleados públicos, una situación que afecta de manera crítica a miles de sanitarios en todo el país.

SATSE alerta que España carece de una estrategia clara y unificada para erradicar la temporalidad enfermera. Una situación que lleva a que, en determinadas comunidades, el 60% de estas profesionales sufran una acumulación de contratos precarios, incluso diarios.

Para el Sindicato de Enfermería, la solución pasa por una planificación bienal de ofertas de empleo público en sanidad, garantizando que los procesos sean ágiles y no se solapen entre sí.

Este embargo de la Comisión, que asciende a 1.000 millones de euros del total de 23.900 millones (8.000 millones en subvenciones y 15.900 en préstamos) del quinto tramo, se debe al incumplimiento de tres hitos clave. La elevada temporalidad en el empleo público, con especial énfasis en el ámbito sanitario, ha sido el factor determinante. Los otros dos puntos de mira de Bruselas son la ausencia de una subida fiscal al diésel y el retraso en la digitalización de entidades regionales y locales.

Precariedad sanitaria: más del 50% de profesionales en interinidad

Los datos no dejan lugar a dudas: el sector salud es el que presenta los índices más alarmantes de temporalidad dentro de la Administración Pública. Más del 50 por ciento de sus profesionales se encuentran en situación de interinidad, una cifra que excede con creces los umbrales permitidos por la Unión Europea. Esta realidad no solo es una cuestión burocrática; tiene consecuencias directas y profundas para el Sistema Nacional de Salud (SNS), un sistema ya presionado por importantes desafíos estructurales.

La excesiva dependencia de personal interino compromete la estabilidad laboral de los sanitarios, la continuidad asistencial que reciben los pacientes y la eficiencia en la gestión de los recursos humanos.

Esta situación, lejos de mejorar, amenaza los avances que España se había comprometido a realizar en materia de reformas laborales, especialmente en un sector tan crucial y vigilado por Bruselas como el sanitario.

La insuficiencia del 'indefinido no fijo'

La decisión de la Comisión Europea no ha sido una sorpresa. Hace unas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había escuchado los argumentos de las partes implicadas en la cuestión prejudicial. La propia Comisión Europea se ha inclinado abiertamente por la necesidad de endurecer los castigos disuasorios a aquellas administraciones que fuerzan a sus trabajadores a encadenar contratos temporales de forma abusiva.

En este contexto, la figura del "indefinido no fijo", utilizada en España para dar cierta estabilidad a estos interinos sin convertirlos en funcionarios de carrera, ha sido considerada insuficiente por Bruselas. El TJUE busca una solución que garantice una sanción eficaz para las administraciones que abusan de la temporalidad.

Otro de los puntos espinosos es el reconocimiento de la condición de "fijos" en el sector público a aquellos que no han superado un proceso de selección a través de una Oferta Pública de Empleo (OPE). Desde el ámbito jurídico se considera "difícil" que el TJUE dictamine la fijeza como única sanción aplicable, aunque existe la esperanza de que se consigan mejores indemnizaciones para estos trabajadores afectados.

A tiempo para rectificar

Esta merma en las ayudas forma parte del mecanismo de funcionamiento del fondo europeo: una ambiciosa e inédita bolsa de ayudas condicionada al cumplimiento de objetivos y reformas. Los Estados miembros se comprometen a acometer inversiones y reformas clave para recibir los desembolsos. El Gobierno de Pedro Sánchez había solicitado este quinto tramo en diciembre del año pasado y, tras un diálogo estrecho con las autoridades españolas, Bruselas ha emitido su veredicto.

La buena noticia, según el Ministerio de Hacienda, es que el dinero retenido no se pierde para siempre. Los países tienen un plazo de seis meses para rectificar y cumplir con las reformas pendientes.