Una inversión pública“cuesta abajo y sin frenos” mientras crecen las amenazas a la salud

La inversión pública en sanidad en relación con el PIB continúa cayendo ”cuesta abajo y sin frenos” en nuestro país, mientras surgen nuevas amenazas a la salud pública, como el hantavirus, y la precariedad laboral se ha cronificado en todos los servicios de salud.

Desde SATSE subrayamos que los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, en su informe “Estadística de Gasto Sanitario Público”, demuestran que el aumento de la inversión pública a raíz de la pandemia del COVID-19 fue un “espejismo” que se ha ido desvaneciendo en los años posteriores. 

En concreto, el gasto sanitario público ha pasado del 7,4 por ciento del PIB en 2020 al 6,4 por ciento en 2024 (último año disponible), un punto menos. Lamentamos, además, que los datos estadísticos oficiales se publiquen siempre con retraso, uno o dos años después, ya que imposibilita hacer una análisis de la realidad actual.

Venimos denunciando desde hace años que este porcentaje se encuentra muy por detrás del existente en otros países de nuestro entorno económico, caso de Francia, por ejemplo, que llega casi al 10 por ciento (9,5 por ciento), o de otros que, incluso, lo superan, como ocurre en Alemania, que es el 10,1% del Producto Interior Bruto (PIB).

En alerta

En todo caso, el porcentaje español es insuficiente e inadecuado para sostener un sistema sanitario que, como ha vuelto constatar la reciente crisis del hantavirus, está en “permanente estado de alerta” ante riesgos para la salud humana de consecuencias imprevisibles y potencialmente muy complejos y perjudiciales.

La crisis del COVID-19 comprometió, en 2020, al conjunto de administraciones públicas y partidos políticos a hacer realidad numerosas medidas y actuaciones contempladas en el dictamen de la Comisión parlamentaria para la reconstrucción económica y social de nuestro país, pero, seis años después,  “lo único cierto es que la economía ha crecido, el coste de la vida también, y nuestro sistema sanitario público sigue malviviendo gracias al trabajo de unos profesionales sobrecargados, precarizados y desmotivados”.

Agencia Salud Pública

A modo de ejemplo, recordamos que uno de los compromisos adquiridos, y aun no cumplidos, es la puesta en marcha de una Agencia Estatal de Salud Pública que posibilite una mayor coordinación entre administraciones en materia de vigilancia epidemiológica y preparación ante crisis y emergencias sanitarias, además de reforzar el asesoramiento científico y técnico necesario en este tipo de situaciones. 

Ante esta realidad, exigimos un incremento progresivo y constante de la inversión pública que posibilite alcanzar, al menos, el porcentaje que ya otros países destinan y que se priorice la mejora de las condiciones de trabajo del personal sanitario, especialmente de enfermeras y fisioterapeutas.

La última estadística aportada por Sanidad, con datos de 2024, pone cifra también a las desigualdades existentes entre comunidades autónomas a la hora de destinar recursos públicos a sus respectivos servicios de salud.

Peor atención

Al respecto, criticamos el hecho de que se pueda dar la circunstancia de que residir en una autonomía suponga recibir una atención sanitaria peor que si se vive en otra. 

Consideramos necesario implementar un nuevo modelo de financiación finalista que acabe con las diferencias presupuestarias entre comunidades autónomas.

“Hay que garantizar la igualdad en la atención sanitaria, independientemente del lugar de residencia, así como un marco equilibrado, equitativo y justo de condiciones laborales en todas las comunidades autónomas”.

Gestores públicos y responsables políticos no pueden acordarse solo de la sanidad cuando se producen crisis sanitarias o se recrudecen problemas ya enquistados, como el aumento de las listas de espera o las situaciones de colapso en los centros sanitarios, y deben apostar por políticas a medio y largo plazo que garanticen una inversión en salud adecuada, responsable y coherente.