Entendemos la complejidad de una Ley que tiene un gran alcance y repercusiones para todos los actores del ámbito sanitario de nuestro país, pero insiste en que su aprobación no puede seguir dilatándose si realmente se quiere que pueda entrar en vigor en la actual legislatura.

La nueva Ley sobre profesiones de los Servicios Sociales tiene que evitar que administraciones públicas y empresas privadas primen el ahorro económico y contraten trabajadores no cualificados ni competentes en los centros y recursos sociosanitarios.

El aumento de la inversión pública a raíz de la pandemia del COVID-19 fue un “espejismo” que se ha ido desvaneciendo en los años posteriores. El gasto sanitario público ha pasado del 7,4 por ciento del PIB en 2020 al 6,4 por ciento en 2024, un punto menos.