Ni una prórroga más

Desde 2023 no se han aprobado unas cuentas públicas para el Estado. Los presupuestos, también la partida de Sanidad, han sido prorrogados durante 2024 y 2025. En el siguiente ejercicio, el correspondiente a 2026, el pronóstico no es más prometedor, a pesar de que la ministra, María Jesús Montero, señaló que se estaban ultimando.  

Lo previsible es que quienes han de favorecer contar con unas cuentas públicas, no cumplan con su responsabilidad, aquella que ciudadanos y ciudadanas le entregamos en las urnas. Volverán a prorrogar unas cifras que no están hechas para los problemas reales de nuestro sistema sanitario ni para nuestras necesidades.

Este mecanismo de prórroga, recogido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, está previsto para ser una excepción y no una actuación reiterativa fruto de la incapacidad de quienes han de acordar y consensuar las cuentas públicas que son necesarias y han de tener unos objetivos prioritarios.

Ley negociada

Así, el Gobierno continúa funcionando a golpe de Real Decreto, con reasignaciones de crédito, en lugar de disponer de una ley negociada y pactada que permita responder con eficacia y llegar a cubrir esos agujeros que actualmente arrastra nuestro sistema.

La Sanidad, sus profesionales y la población a la que atienden necesitan de más inversión y recursos. 

Y así quedó reflejado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica constituida en el Congreso para atajar los problemas vividos durante la pandemia de la COVID-19. 

Unos problemas que, a pesar de haber transcurrido más de cinco años, no han sido resueltos, y siguen ahí para volver a plantear los mismos dramas que tuvimos que vivir en 2020.

Riesgos

Los riesgos de seguir prorrogando los PGE son muy altos. En primer lugar, suponen una anomalía democrática, impiden que se fijen unas prioridades claras, se ajusten los recursos a retos emergentes o se aprovechen cambios económicos.

Y lo más dramático, es que suponen siempre un freno al crecimiento en áreas especialmente sensibles, como la Sanidad. Lo más difícil de comprender para quienes no ejercemos la política es que el Gobierno ni siquiera lo haya intentado.

No ha presentado el techo de gasto al Congreso, que ha de servir a la elaboración de los presupuestos, y tampoco ha presentado el proyecto de Ley para que pueda ser debatido, enmendado y aprobado por el Parlamento. 

Responsabilidad

Esa es su responsabilidad, su misión es presentar ante el Congreso de los Diputados unos PGE al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, y eso tampoco lo han hecho.

Cuando se van a cumplir cuarenta años de la aprobación de la Ley General de Sanidad hay que decir alto y claro que ya está bien, que necesitamos un presupuesto para Sanidad que permita mejorar las condiciones del personal, y de soporte al Estatuto Marco que actualmente se está negociando en el Ministerio de Sanidad.

Unas cuentas que no sigan prorrogando los recortes sobre los salarios de enfermeras y fisioterapeutas, y pueda recuperarse el derecho a cobrar de manera íntegra nuestras pagas extraordinarias.

Unas cuentas que acaben con la desigualdad en la atención sanitaria y que permitan una dotación segura de enfermeras en todas las unidades y servicios.

En la gestión de los recursos humanos hay un enorme agujero y muchos déficits que han de ser resueltos y, para ello, debemos de contar con unos presupuestos para el presente. Ni una prórroga más