Que no nos engañen

Los distintos gobiernos, también el actual, insisten cada año en destacar su aumento del gasto sanitario como prueba de su compromiso con la sanidad pública.

Sin embargo, detrás de esos anuncios, que valen titulares grandilocuentes, hay una triste realidad: el esfuerzo financiero destinado a salud lleva años perdiendo peso. 

Hemos pasado del 7,4% del Producto Interior Bruto en 2020 al 6,4% en 2024.Porque realmente no importa únicamente cuánto dinero se invierte, sino qué parte de la riqueza de nuestro país se está dedicando a proteger este derecho.

Prioridades

¿Cuáles están siendo las prioridades de los políticos que nos representan y tienen el encargo del reparto del erario público?

En nuestras economías domésticas gastamos también más en términos absolutos, pero también tenemos menos poder adquisitivo. 

Pues eso es lo que nos está pasando en sanidad, que realmente hay más dinero en juego, pero el esfuerzo que cada día se hace presupuestariamente hablando es menor y ha caído en tan solo cinco años en un punto. Y esto está pasando en un gobierno que se declara progresista. 

Consecuencias

El resultado es un sistema incapaz de responder adecuadamente al aumento de la población, al envejecimiento y a las nuevas necesidades sanitarias.

Las consecuencias de esta pérdida de músculo financiero son visibles día a día. Centros saturados, listas de espera, urgencias colapsadas y profesionales exhaustos.

Comparar el porcentaje del PIB destinado a sanidad permite también entender mejor la situación internacional. Muchos países desarrollados dedican una parte mucho mayor de su riqueza a sus sistemas sanitarios, cifras que superan en mucho el 10% del PIB.

Sobreexplotación

Esta situación nos afecta en primera persona a enfermeras y fisioterapeutas. La falta de financiación es la excusa que nos ponen los diferentes gobiernos y empleadores para justificar que no se resuelvan las deficitarias condiciones de trabajo, la sobreexplotación laboral, o acabar con los agravios, por ejemplo, con una clasificación justa. 

Resulta contradictorio exigir excelencia en un sistema al que no se le dan los recursos necesarios para proporcionarla.

No solo nosotros pagamos el pato de la infrafinanciación, también tiene un efecto social preocupante. Cuando la sanidad pública pierde capacidad de respuesta, aumenta la dependencia de seguros privados y eso es lo que está pasando desde la pandemia, que han crecido desorbitadamente. 

Brecha asistencial

Esto acrecienta las diferencias sociales, agudiza los determinantes de la salud, y abre una brecha asistencial no soportable.

Sólo unas cifras. El 25% de la población se encuentra dentro del sector privado, con 12,8 millones de asegurados/as. En este ámbito se realizan el 30% de las consultas. 

Y el último dato, de los dos millones de intervenciones quirúrgicas con ingreso, el 32,7% ya se hace en hospitales privados. 

Necesidades

¿Qué necesitamos? Necesitamos un nuevo sistema de financiación sanitaria, finalista, que reduzca las desigualdades existentes entre CCAA a la hora de destinar recursos a sus respectivos servicios de salud. 

Y necesitamos que ese presupuesto incorpore una partida creciente que resuelva todos los problemas estructurales que el sistema ha venido acusando por falta de inversión, que también pasan por la aplicación de un nuevo marco equilibrado, equitativo y justo de condiciones laborales. 

El desarrollo de un país se mide en crecimiento económico, sí, pero también en la capacidad de proteger a las personas, que es lo que a todos más nos importa.

Si realmente la sanidad se considera un pilar fundamental del Estado del Bienestar, debe reflejarse en un compromiso presupuestario sólido y creciente. Hagamos que nuestros políticos lo entiendan. Que no nos engañen.