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Salud Laboral

Agresiones a profesionales sanitarios

Somos el colectivo que más agresiones de diferente índole sufre en el ejercicio de nuestra actividad profesional. Situaciones violentas que nos ponen en riesgo y que provocan efectos nocivos en nuestra salud.

Profesional sanitario en la puerta de una centro de salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el lugar de trabajo como “todos aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el trabajo, con la implicación que se amenace explícita o implícitamente su seguridad, su bienestar y su salud”.

Las agresiones a profesionales sanitarios también fueron reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la publicación de un informe en el año 1998.

Concluía que el riesgo de los profesionales sanitarios de sufrir agresiones en el desempeño de sus funciones era muy elevado en comparación con otros ámbitos laborales.

Atentado contra la dignidad

La violencia en el lugar de trabajo atenta contra la dignidad y los derechos de las personas trabajadoras, y también es una amenaza al éxito y a la eficiencia de las organizaciones.

Los efectos de la agresión en los profesionales son muy variados y van desde la desmotivación y la pérdida de la satisfacción profesional hasta el estrés o los daños físicos y/o psíquicos.

Este fenómeno, injustificable, en cualquier caso, tiene un origen multifactorial, que muchas veces en nuestro caso está unido a la falta de recursos materiales y humanos en la asistencia (la pandemia por Coronavirus ha servido claramente de ejemplo), lo que dificulta poder dar una única respuesta a su prevención y control.

Propuestas

Desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se han dictado diferentes recomendaciones y propuestas para intentar solucionar este problema, inspiradas en las conclusiones alcanzadas por los diferentes grupos de trabajo que se impulsaron desde el Ministerio y en los que participamos como organización sindical.

  • La reforma del Código Penal de 30 de marzo de 2015, donde quedamos protegidos los profesionales sanitarios como autoridad pública.
  • La Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. 

Sin embargo, el problema de la violencia contra el personal sanitario en los centros de trabajo no desaparece, y los costes económicos que se derivan de esta lamentable situación siguen aumentando.

Tasa de notificaciones de agresiones por sexo por 1.000 profesionales del SNS. Evolución 2017-2022.

Tasa de notificaciones de agresiones por sexo por 1.000 profesionales del SNS. Evolución 2017-2022.
Fuente: Ministerio de Sanidad


Nos encontramos ante una lacra que afecta muy especialmente al colectivo enfermero

Agresiones a enfermeras

Ocho de cada diez enfermeras han sufrido en algún momento de su trayectoria profesional una agresión verbal o física.

Según una encuesta de SATSE de 2022, ocho de cada diez enfermeras consideran que ha empeorado el ambiente laboral y la relación con los pacientes en hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios.

En la mayoría de los casos, las agresiones permanecen “invisibles”. Se denuncian en un porcentaje muy bajo.

Entendemos que los problemas que sufre nuestra Sanidad puedan llevar a situaciones de desesperación, desagrado y enojo entre los pacientes y sus familiares. Pero jamás deben originar ni justificar cualquier tipo de episodio de violencia hacia los profesionales que buscamos en todo momento mejorar la salud y bienestar de las personas a las que atendemos.

#StopAgresiones

Ante esta realidad, SATSE mantiene una estrategia permanente de información y sensibilización, bajo el lema #StopAgresiones: Nada justifica una agresión

Esta estrategia contempla el asesoramiento y apoyo a los profesionales que han sufrido algún tipo de agresión, así como la distribución de distinto material informativo en todos los centros sanitarios del país, como carteles, trípticos, pegatinas e información a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Denunciamos, de igual manera, cualquier episodio de violencia que afecte a un profesional y reclamamos a la administración correspondiente la adopción de las medidas oportunas,

 

Ley contra la violencia

También consideramos que se necesita mantener una postura firme y homogénea, así como proponer una batería de medidas suficientes para abordar el problema y evitar la descoordinación que hasta ahora estamos sufriendo.  

Hemos propuesto al Ministerio de Sanidad, a las consejerías autonómicas y a los distintos partidos políticos que impulsen una ley específica contra las agresiones a los profesionales sanitarios que garantice la igualdad de trato en todo el Estado, con más de 50 medidas para hacer frente a este grave problema.

Medidas a implantar

Esta Ley contempla la elaboración de un Plan de Prevención contra la Violencia en el ámbito sanitario en cada servicio de Salud, así como en cada empresa o centro de trabajo, que incluya las medidas en cada caso a implantar para prevenir, evitar o disminuir el riesgo del personal sanitario de sufrir agresiones.

Entre otras medidas preventivas, proponemos:

  • Aumentar la formación de los profesionales para afrontar situaciones conflictivas.
  • Desarrollar protocolos de actuación ante las agresiones.
  • Ejecutar las actuaciones disuasorias necesarias, como la instalación de timbres de auxilio en los centros y dependencias sanitarias.

Pedimos a las distintas administraciones públicas y empresas sanitarias privadas que investiguen siempre por qué se ha producido cualquier caso de agresión para evitar posibles nuevos episodios de violencia.

Apostamos por la creación de la figura del delegado o delegada de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que formaría parte del Comité de Seguridad y Salud del centro.

Esta figura se encargaría de vigilar el cumplimiento de las medidas puestas en marcha, así como de demandarlas si no se estuviesen desarrollando de manera adecuada.