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El Gobierno presenta el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación

Entre los objetivos de la nueva ley, presentada en Consejo de Ministros el pasado viernes, figuran la prevención y erradicación de cualquier forma de discriminación y la protección y reparación de víctimas.

El Consejo de Ministros recibió el pasado viernes el informe de la Ministra de Sanidad, Leire Pajín, sobre el anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Esta ley pretende garantizar el ejercicio del derecho y opera a modo de legislación general de protección ante cualquier discriminación.

Así, entre los objetivos de la nueva ley figuran la prevención y erradicación de cualquier forma de discriminación y la protección y reparación de víctimas. Contempla, además, la necesidad de consolidar legislativamente la igualdad, establecer un mínimo común denominador normativo que contenga las definiciones y garantías básicas del derecho antidiscriminatorio, buscar solución tanto a las discriminaciones actuales como a las futuras, trasponer de manera adecuada las Directivas comunitarias de protección frente la discriminación e impulsar la aplicación transversal de la igualdad de trato y la no discriminación en las políticas públicas.

Sobre los motivos de discriminación se incluyen los de enfermedad e identidad sexual que se unen a los que ya recogía la Constitución Española y la normativa comunitaria: nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Además, se establece el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, como el empleo, la salud, la educación, los servicios sociales o los medios de comunicación social, entre otros.

Entre los principales instrumentos de promoción de la igualdad de trato y la no discriminación figuran el mandato a los poderes públicos para la adopción de medidas de acción positiva; el reconocimiento del derecho de las empresas a realizar acciones de responsabilidad social en materia de igualdad de trato y no discriminación y hacer uso publicitario de ellas; la adopción de una Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación; o la colaboración entre administraciones públicas para la integración de la igualdad de trato y no discriminación en sus competencias, entre otras.

La nueva norma contempla la creación de un órgano independiente, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que preste asistencia a los afectados y promueva fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento. Esta Autoridad podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación y ejercitará acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato.

Finalmente, el anteproyecto de ley recoge que las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves, y se definen las conductas que constituyen cada infracción. Además, se señala que las infracciones serán sancionadas con multas, se efectuará una previsión de sanciones accesorias y sustitución de sanciones y se definirán los criterios de graduación de las sanciones, teniendo en cuenta los supuestos de discriminación múltiple. También se establecen las reglas de competencia para tramitar los procedimientos sancionadores.