Los jóvenes españoles siguen sin poder emanciparse
Cerca del 80 por ciento de los jóvenes españoles menores de 30 años aún no han podido emanciparse, según los datos del último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), correspondiente al primer semestre de 2015.
Así, sólo el 20,8 por ciento de la población menor de 30 años está emancipada, y tan sólo el 15,7 por ciento de las personas emancipadas en esta franja de edad consigue vivir sola.
Las principales causas de este retraso en la emancipación de los jóvenes de nuestro país es su frágil situación en el mercado laboral y las duras condiciones del mercado de la vivienda, inaccesibles, hoy por hoy, para el nivel adquisitivo de la mayoría de las personas de entre 16 y 29 años, según el Consejo de la Juventud.
En cuanto al análisis de la situación laboral de los jóvenes que hace el estudio, se concluye que la precariedad reflejada en la temporalidad, la parcialidad y la sobrecualificación siguen caracterizando el empleo juvenil. En primer lugar nos encontramos con que la tasa de paro de las personas menores de 25 años alcanza el 49,2 por ciento y si hablamos de personas entre 25 y 29 años, alcanza el 28,4 por ciento, y entre 30 y 34 años, el 22 por ciento.
En segundo lugar, más de la mitad de la población joven ocupada de menos de 30 años, en concreto el 53,4 por ciento, tiene contratos temporales, de los cuales un 44,9 por ciento son de menos de un año de duración. El colectivo que padece más la temporalidad laboral es el de los jóvenes de 16 a 24 años, el 68,9 por ciento y de ellos el 47,7 por ciento tienen una duración menor de un año.
Por último, si hablamos de sobrecualificación, el 55,8 por ciento desempeña trabajos de menor cualificación a la que realmente posee. De nuevo, las mujeres jóvenes son el colectivo más afectado, alcanzando el 62,4 por ciento.
El segundo aspecto de estudio, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, tampoco ofrece cifras más optimistas y esperanzadoras. Así, una persona joven debería destinar el 58,6 por ciento de su salario para poder adquirir una vivienda en propiedad; debería cobrar un 95,44 por ciento más de lo que cobra; o que la superficie máxima a la que puede aspirar es de 51,2 metros cuadrados.
