Las CC.AA. rechazan el RD de prescripción enfermera

El clamor contra el Real Decreto de prescripción enfermera aprobado por el Gobierno central es ya mayoritario. Un total de 12 comunidades autónomas ya han expresado su rechazo o disconformidad con la actuación del Ministerio de Sanidad, no descartando la mayoría de ellas el recurrirlo para que su entrada en vigor no perjudique a los profesionales y a los ciudadanos y pacientes.

Andalucía, Euskadi, Cataluña, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón, Canarias y Navarra son, por el momento, las autonomías que han criticado la decisión del Gobierno del PP de cambiar en el último momento el texto normativo acordado con la profesión enfermera y con todas ellas, en un reciente Consejo Interterritorial del SNS, y que iba a suponer un avance muy importante en el desarrollo del colectivo.

Las distintas reacciones de los consejeros de salud de los correspondientes gobiernos autonómicos se han producido a raíz de la campaña puesta en marcha por la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por SATSE y el Consejo General de Enfermería, para informar y recabar el apoyo de todas las administraciones sanitarias del país.

Euskadi, en boca de su consejero de Salud, Jon Darpón, ha decidido ya recurrir el Real Decreto del Gobierno, una vez se publique en el BOE, entendiendo que no responde a los criterios generales acordados en el Consejo Interterritorial.

Por su parte, la consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, también se ha mostrado muy crítica con el texto normativo del Gobierno, señalando que “provoca el enfrentamiento entre los profesionales sanitarios de los que depende el Sistema Nacional de Salud”.

La responsable sanitaria de Baleares, Patricia Gómez, ha destacado que el Real Decreto “no sólo no soluciona el problema de vacío legal que afectaba a la actividad profesional del enfermero, sino que agrava su situación”, y la de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón,  ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy "haya jugado al enfrentamiento con los profesionales sanitarios, entre enfermería y médicos".

En lo que respecta a Cataluña, su consejero de Salud en funciones, Boi Ruiz, ha apuntado que “no tiene ningún sentido que una enfermera no  pueda indicar medicamentos sin que nadie se lo diga”, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,  ha afirmado que hará todo lo que esté en su mano para resolver la situación planteada por el Gobierno del PP.

En el caso de Andalucía, única CC.AA. donde la prescripción enfermera ya está regulada por una normativa autonómica, su consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha recalcado que no van a dar “ni un sólo paso atrás” y ha adelantado que, una vez se publique en el BOE, sus servicios jurídicos analizarán con detalle el RD  por si fuera menester adoptar alguna decisión.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha comprometido a analizar la “incomprensible situación” generada por el Real Decreto de prescripción enfermera, y el consejero de Salud navarro, Fernando Domínguez, ha expresado su rechazo al Real Decreto, añadiendo que “aunque de facto algunas de las nuevas competencias de enfermería ya se vienen aplicando, es necesario realizar las modificaciones legales oportunas para acabar con la inseguridad jurídica".

El consejero de Sanidad de Asturias, Francisco del Busto, se ha ofrecido a buscar una solución al problema existente, y coincide con los representantes de la enfermería en que se tiene que volver al seno de un consenso dentro del Consejo Interterritorial del SNS y entre las profesiones sanitarias.

Por último, el consejero de Sanidad de Canarias, Jesús Morera, considera que empeora la atención al paciente, y ha asegurado que expresará su rechazo a esta decisión estatal en la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “y en todos los foros en lo que se trate esta cuestión”.

En lo que respecta  los consejeros de CC.AA. gobernadas por el PP, algún responsable sanitario también ha reconocido en privado a los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera que considera un perjuicio la normativa aprobada por el Gobierno de su mismo partido, aunque públicamente no pueda reconocerlo.