SATSE Madrid y numerosas organizaciones profesionales y sociales exigen la retirada de la ley de farmacia

06 noviembre 2018
SATSE Madrid alerta de la privatización de la Sanidad Pública

SATSE Madrid, junto a una decena de organizaciones profesionales, sindicales y científicas, presentan un manifiesto contra la "farmacia comunitaria" y las iniciativas para privatizar de forma encubierta la Atención Primaria en Madrid en un nuevo golpe a la Sanidad Pública. 

Una decena de organizaciones profesionales, sindicales, científicas y de consumidores han presentado hoy una alianza para la defensa de la Sanidad Pública, particularmente la Atención Primaria, ante la amenaza de privatización que prepara la Comunidad de Madrid al dejar parte de la atención en manos de establecimientos privados como son las farmacias a través de un movimiento sin respaldo legal alguno conocido como la “farmacia comunitaria”. 

SATSE Madrid y el resto de organizaciones, preocupadas por el interés general, la calidad de la atención sanitaria y la salud de la población, consideran necesario el mantenimiento y la potenciación de la Atención Primaria como base fundamental de una Sanidad Pública universal, eficiente y de calidad. 

Por ello, se unen para firmar el siguiente manifiesto: 

  • "Los profesionales farmacéuticos merecen todo nuestro respeto y consideración, que, como profesionales sanitarios, desarrollan una labor fundamental en el ámbito de la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboraciónen los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública, que son las funciones que tienen atribuidas por Ley. Asimismo, reconocemos la imprescindible labor que desarrollan los farmacéuticos en el Sistema Público Sanitario.
  • El Anteproyecto de la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid no ha contado en su elaboración, ni con la participación ni el consenso de todos los agentes implicados, como lo son todos los colectivos de profesionales sanitarios, y no sólo los farmacéuticos, así como los agentes sociales o los propios usuarios/pacientes. A todos ellos sólo les ha dado la oportunidad de opinar cuando el anteproyecto de Ley ya había sido aprobado para su tramitación.
  • Las oficinas de farmacia no pueden ser consideradas farmacias comunitarias por el hecho de estar en la comunidad y ser un recurso comunitario, ya que dicha consideración precisa, entre otras cuestiones, de unas competencias y conocimientos que no adquieren los farmacéuticos en su titulación, pero sí otros profesionales como médicos y enfermeras/os, tanto en sus estudios de grado como de posgrado y especialización.
  • El citado anteproyecto no puede atribuir unas competencias profesionales a los farmacéuticos de las oficinas de farmacia, que no son de su ámbito y que por el contrario ya tienen atribuidos otros profesionales como médicos y enfermeras/os. Ello puede generar un grave conflicto de competencias entre profesionales farmacéuticos de las oficinas privadas de farmacia, y otros profesionales de la medicina, la enfermería e incluso la farmacia de la sanidad pública.
  • La administración debe fortalecer la atención primaria y no destinar unos fondos públicos para que los farmacéuticos u otros trabajadores empleados por ellos, a través de unos establecimientos privados, como son las oficinas de farmacia, aunque presten un servicio público, realicen unas actividades sanitarias, que ya realizan médicos y enfermeras/os, en el ámbito público.
  • La realización por parte de los farmacéuticos de determinadas actividades, como lo son la visita domiciliaria, el control de pacientes crónicos (seguimiento de diabéticos, anticoagulados, hipertensos…), la adherencia al tratamiento… suponen no solo una duplicidad de actuaciones que ya vienen realizando desde el ámbito público, médicos y enfermeras/os sino que también puede implicar un grave conflicto de intereses, en perjuicio de los usuarios y de las políticas públicas de uso racional de los medicamentos.

Por todo ello, consideramos que los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid deben rechazar de pleno este Anteproyecto de Ley e instamos a que se promueva una nueva iniciativa legislativa que tenga en cuenta y en la que participen todos los agentes implicados, respetando las competencias profesionales, ya atribuidas por Ley, propicie los derechos y la seguridad de los usuarios y pacientes, desde una atención sanitaria más eficiente, que respete las competencias de los distintos profesionales, no comprometa el carácter público, gratuito y universal de la atención sanitaria y que permita articular la aportación que, según las competencias de cada uno de los agentes de salud, realiza en el ámbito de la comunidad, con criterios de equidad, accesibilidad y longitudinalidad, previamente consensuados".