SATSE seguirá recurriendo al Defensor del Pueblo en defensa de los derechos de todos
Hace distintas recomendaciones al Ministerio de Sanidad con el objetivo de paliar en parte el “desaguisado” provocado. SATSE mantiene que el Decreto-Ley supone “un error mayúsculo que rompe el actual sistema sanitario para hacerlo menos universal, igualitario y equitativo”.
El Sindicato de Enfermería, SATSE, seguirá recurriendo al Defensor del Pueblo siempre que lo considere oportuno en defensa de los derechos que tienen todos los ciudadanos a recibir una atención sanitaria de calidad, una vez que esta institución ha decidido no presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley de reforma sanitaria.
Ante la decisión del Defensor de no tener en cuenta los dos escritos de queja presentados por SATSE --uno de manera individual referido a medidas que afectan a los profesionales sanitarios, y otro junto a CC.OO., UGT y CSI-F--, argumentando no encontrar fundamentos jurídicos suficientes, el Sindicato de Enfermería adelanta que, ante nuevos “decretazos”, no dudará en volver a pedir la ayuda de la Institución para que derechos como el de la protección a la salud, la igualdad o la cobertura universal no sean vulnerados.
En todo caso, el Sindicato de Enfermería volara lo que de positivo puede tener el que el Defensor del Pueblo haya manifestado su preocupación por algunos aspectos denunciados del Real Decreto, y haya hecho una serie de recomendaciones al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al respecto.
En concreto, el Defensor pide que se adopten medidas complementarias que produzcan el acceso efectivo a la protección de la salud para colectivos en situación vulnerable y que han quedado excluidos del concepto de asegurado o beneficiario, o que se adopten las medidas oportunas para asumir la totalidad del coste del transporte sanitario no urgente en aquellos supuestos de pacientes sometidos a tratamientos periódicos y de larga duración.
Asimismo, la institución pide al Gobierno que se dicten instrucciones que habiliten la adecuada atención de aquellas personas con padecimientos graves; que se valore la necesidad de revisar el nuevo sistema de fijación de precios para medicamentos financiados, y que se valore la conveniencia de elaborar una nueva regulación en materia de prescripción de medicamentos para indicaciones diferentes a las autorizadas.
En el caso del escrito presentado de manera individual por SATSE, y en el que hacía especial hincapié en aquellas medidas que afectan a los profesionales sanitarios, el Defensor del Pueblo alega que ya se han interpuestos recursos de inconstitucionalidad por parte, por ejemplo, de los Gobiernos de Andalucía y Asturias, y que el pronunciamiento que finalmente haga el Tribunal Constitucional resolverá las cuestiones planteadas.
SATSE mantiene que el Real Decreto-Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno sin contar con los profesionales y los usuarios supone “un error mayúsculo que rompe el actual sistema sanitario, para hacerlo menos universal, menos igualitario y menos equitativo”.
