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Gobierno, Autonomías y partidos

Nuevas acciones en contra del RD de prescripción enfermera

El Estado y las Comunidades Autónomas deben tratar el Real Decreto de prescripción enfermera en el primer Consejo Interterritorial de esta legislatura y acordar una solución que beneficie a los profesionales.

Una vez iniciada la legislatura, la Mesa de la Profesión Enfermera (SATSE-CGE) ha redoblado su presión para lograr la modificación del Real Decreto de prescripción enfermera en todos los frentes posibles: Gobierno, partidos políticos y comunidades autónomas.

GOBIERNO

La Mesa de la Profesión  Enfermera ha trasladado ya a la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que tiene que enmendar el grave error cometido por su antecesor en el cargo y modificar el Real Decreto para que los profesionales puedan trabajar en lo que respecta al uso de medicamentos sujetos a prescripción médica con la seguridad jurídica necesaria.

Quiere también que, en el primer Consejo Interterritorial de esta legislatura, Estado y CC.AA. aborden este asunto y acuerden una solución.

PARTIDOS POLÍTICOS

La Mesa de la Profesión Enfermera ya se ha reunido con el PP, PSOE y Ciudadanos para pedirles que presenten iniciativas en el Congreso y Senado instando al Gobierno a que cambie el Real Decreto. PSOE y Ciudadanos son partidarios de este cambio mientras que el Partido Popular pide tiempo. Se está a la espera de que Podemos y el resto de formaciones políticas a los que se ha pedido reunión se pronuncien al respecto.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Con motivo de la actual campaña de vacunación, la Mesa de la Profesión Enfermera ha recordado a las Consejerías de Sanidad que no pueden obligar a los enfermeros a vacunar sin la prescripción previa del médico y, sobre este asunto, la justicia le ha dado la razón, según una reciente sentencia de un juzgado de Euskadi.

En las próximas semanas se desarrollarán nuevas acciones de presión  para lograr la modificación del Real Decreto de prescripción enfermera, entre ellas, no se descarta promover una Iniciativa Legislativa Popular, para la que se requieren 500.000 firmas, que obligarían a tratar este asunto por el Pleno del Congreso. 

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